Hasta hace algunas décadas, las empresas, aún aquellas más grandes y sofisticadas, estaban exentas del control social en lo que concierne a sus estructuras de gobierno y su funcionamiento interno. Poco a poco, sin embargo, esta realidad comenzó a cambiar cuando las sociedades comenzaron a hacerse cada vez más conscientes de ciertos problemas en los que las empresas tenían un papel que jugar. Problemas tales como el trato del medio ambiente, las vulnerabilidades ante el lavado de activos, los riesgos de las entidades de intermediación financiera en cuanto al manejo de los fondos de terceros, el impacto de políticas de precios y servicios ante los consumidores de bienes y usuarios de servicios, entre otros, llevaron a una necesaria reflexión sobre cómo mejorar la gobernabilidad de las empresas para mitigar esos problemas y responder con eficiencia cuando se presentasen.
Los conceptos del constitucionalismo liberal-democrático sirvieron de referencia para comenzar a idear formas de gobernanza corporativa más a tono con las necesidades sociales. Así, figuras institucionales como los frenos y contrapesos, la transparencia, la rendición de cuentas, entre otras, fueron utilizadas para diseñar modelos de gobierno corporativo que permitieran a las empresas responder a demandas y preocupaciones sociales que antes permanecían en la esfera de lo estatal o lo público, pero no en la esfera de lo privado.
El sector financiero es el ámbito de la economía en el que más lejos se ha llegado en la construcción de nuevas formas de gobernanza corporativa a partir de procesos de acuerdos internacionales y cambios legislativos a nivel local. Pero esta dinámica no se ha limitado al ámbito financiero, sino que también comenzó a alcanzar otras esferas empresarias, aunque todavía con bastante timidez. No obstante, en el mundo empresarial, especialmente de las grandes empresas, crece la conciencia de que, aún en ausencia de mandatos legales, es necesario construir esquemas de gobierno corporativo que ayuden a las propias empresas a dar respuestas a las complejidades del mundo de hoy. De ahí que muchas empresas, aún sin que existan regulaciones específicas, diseñen estructuras de gobierno empresarial que incorporan algunos de los elementos que se han plasmado en la ley y en las regulaciones para el sector financiero de manera particular.
Ahora bien, en la medida en que se avanza en esta dimensión del gobierno corporativo, en tiempos recientes han surgido nuevas demandas que interpelan a las empresas a dar respuestas. Estas no pueden permanecer indiferentes a una creciente sensibilidad social respecto de temas como la igualdad de género, la inclusión y la no discriminación. En otras palabras, la llamada “responsabilidad social corporativa” ya no es suficiente como eje de relación empresa-sociedad, sino que se requiere una mirada más amplia y fresca a esta problemática.
En este contexto de demandas que tienen que ver con los derechos de las personas no es suficiente que se modifiquen las estructuras de gobierno corporativo como se ha venido haciendo a partir de procesos regulatorios emanados del Estado y de autorregulación voluntaria de las empresas, sino que hay que cambiar otras dimensiones del quehacer empresarial. Se requieren códigos de conducta y políticas de personal en los que se recojan esos principios de rectores de la igualdad, la inclusión, la no discriminación y el respeto de la dignidad y demás derechos de las personas. Se requiere también que estas nuevas nociones no se queden en la mera formalidad del papel, sino que hay que cambiar la cultura de trabajo a partir de capacitación y diálogo en torno a estas grandes preocupaciones sociales.
Hay múltiples experiencias de empresas que se han visto expuestas a situaciones difíciles ante sus consumidores y usuarios por prácticas y políticas insensibles ante estas nuevas demandas y preocupaciones que tienen como centro a las personas. Si las empresas no se preparan para este nuevo escenario, a través de procesos sinceros de transformación de sus políticas y valores, se harán muy vulnerables a potenciales conflictos que afectarán no solo su reputación, sino también su reputación frente a la comunidad.