Tras la crisis de la deuda en América Latina y la llamada “década perdida” de los años ochenta, en los organismos financieros internacionales se dio un debate sobre qué hacer para prevenir otra crisis de esa magnitud y ayudar a los países de la región, así como a otros países de economías emergentes, a generar riquezas con estabilidad macroeconómica, al tiempo que pudiesen estar en condiciones de pagar sus deudas. El estancamiento económico, los pronunciados déficits fiscales, la hiperinflación y la fuga de capitales fueron, entre otros, los problemas que marcaron esa década.
En ese contexto, el economista británico John Williamson produjo un documento en 1989, titulado el Consenso de Washington, que sintetizó las ideas que se estaban discutiendo en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con miras a producir cambios importantes en las políticas económicas de los países de América Latina.
A partir de ese momento de finales de los ochenta y toda la década de los noventa, la agenda económica que impulsaron estos organismos y agencias estuvo centrada en la privatización de las empresas estatales, la reducción de los déficits fiscales, la desregulación económica, la liberalización comercial, la flexibilización cambiaria y la reforma tributaria, entre otros.
En la coyuntura actual, el gobierno del presidente Joe Biden se ha enfocado en un tema que no estuvo presente, o al menos no con tanta prominencia, en el Consenso de Washington: la política de competencia. En una orden ejecutiva emitida el viernes 9 de julio, el presidente Biden dispuso 72 iniciativas en materia de competencia y asignó a 12 agencias del gobierno federal para que la lleven a cabo. Lo que procura esta orden es generar competencia en los diferentes sectores de la economía norteamericana con el fin de bajar precios, impulsar la innovación y mejorar los ingresos de las familias. Un área específica de la economía que menciona la orden ejecutiva es el de tecnología, lo que pone de manifiesto el interés de la administración Biden de lidiar con las grandes compañías que dominan ese mercado.
Asimismo, la orden ejecutiva procura fomentar una cultura de competencia en un mercado en el que cerca del 75% de las industrias se encuentran consolidadas en torno a grandes corporaciones empresariales. El argumento de la Administración Biden es que la falta de competencia afecta los precios para los consumidores en tanto menor cantidad de agentes económicos controlan una mayor cuota de mercado.
De igual forma, esta iniciativa en materia de derecho de la competencia implicará una nueva mirada -en el caso norteamericano- a las cláusulas de no competencia en los contratos laborales pues estas barreras a la competencia en materia laboral impactan de manera negativa la posibilidad para los trabajadores de conseguir mejores empleos. En general, la falta de una competencia adecuada retrasa el crecimiento económico y la innovación.
El hecho de que esta medida sea tan reciente no permite apreciar si el gobierno de Biden impulsará esta política de competencia de manera vigorosa en el plano internacional, pero es de prever que dicha política va a pautar también la relación de Estados Unidos con sus socios comerciales. Esto tendrá necesariamente un impacto en el derecho de la competencia ya que, como resultado de los mandatos y lineamientos generales que dispone la orden ejecutiva de Biden, es altamente probable que surjan nuevas figuras, nociones y normas que impactarán el derecho de la competencia en Estados Unidos desde donde se irradiará hacia otros países.